Informe policial revela el encuentro de un narcotraficante brasilero con el número dos del gobierno boliviano.
El presidente de Bolivia, Evo Morales se enorgullece de incentivar
las plantaciones de coca, materia prima de más de la mitad de la cocaína
y crack consumidos en el Brasil, bajo el argumento de que sus hojas
sirven para producir té y medicinas tradicionales. Sin embargo, y según
lo estima la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tan sólo un
tercio de la coca plantada en su país satisface dicha demanda. El resto
abastece el narcotráfico, y como consecuencia, contribuye a corromper la
vida de casi un millón de brasileros y de sus familiares. Recientemente
han surgido evidencias de que la complicidad del gobierno boliviano con
el narcotráfico va más allá de una simple defensa de los intereses de
los cocaleros o plantadores de coca.
Veja tuvo acceso a los informes producidos por una unidad de
inteligencia de la policía boliviana, que revela entre otros hechos, una
conexión directa entre el hombre de confianza de Evo Morales, ministro
de la presidencia Juan Ramón Quintana, y un narcotraficante brasilero
que actualmente cumple su pena en la penitenciaria de máxima seguridad
de Catanduvas, en Paraná.
Uno de los documentos, titulado Aprensión de fugitivo internacional
y firmado con el nombre encubierto “Carlos”, describe como los agentes
bolivianos identificaron la casa del brasilero Maximiliano Dorado Munhoz
Filho en el 2010. Max, como también se le conoce, y su banda poseían
haciendas en Guajará-Mirim y en otras ocho ciudades de Rondonia, donde
recogían la droga lanzada desde aviones bolivianos. Mensualmente, la
banda de Max reciba unos 500 kilos de cocaína que luego eran
transportados a San Paulo y Río de Janeiro. El narcotraficante huyó de
la cadena Urso Branco, en Rondonia en el 2001, y para entonces se
sospechaba que estaba escondido en Bolivia. De hecho, tenía un inmueble
en la calle Chiribital, esquina con Pachiuba, en un barrio noble de
Santa Cruz de la Sierra. El día 18 de noviembre de 2010 a las 2 de la
tarde, los policías que vigilaban el inmueble presenciaron una cena
extravagante. Quintana, hoy el segundo hombre más poderoso de la
república, aparecía en compañía de Jéssica Jordan de 28 años, famosa en
su país por haber sido electa Miss Bolivia tan sólo 4 años antes. Ambos
tenían por aquel entonces, puesto de confianza en organismos estatales.
Quintana era el director de la Agencia para el Desarrollo de las
Macro Regiones y Zonas Fronterizas. Dos meses antes, Jéssica fue
nombrada por el vicepresidente Álvaro García Linera como directora
Regional de Desarrollo del Estado del Beni, departamento que comparte
fronteras con Rondonia y por donde ingresa al Brasil buena parte de la
droga boliviana. Quintana y Jéssica entraron en la casa de Max con las
manos vacías y salieron 20 minutos después con dos maletines. El
contenido de los mismos es desconocido.
Dos meses después del encuentro con los integrantes del gobierno de
Morales, Max fue detenido en una operación conjunta de la policía
federal brasilera y un grupo de miembros escogidos a dedo del servicio
de inteligencia boliviana llevado al Brasil. Por otro lado, Quintana fue
nombrado por Evo Morales al año siguiente como ministro de la
presidencia, el equivalente a la casa civil brasilera, puesto que él ya
había ocupado del 2006 al 2009. El relato del agente Carlos acerca del
encuentro entre los miembros del gobierno y el narcotraficante brasilero
forman parte de una serie de documentos filtrados a la prensa boliviana
y norteamericana por un político del Movimiento Al Socialismo (MAS),
partido de Morales. Para el autor de dicha entrega de información, el
gobierno no ha cumplido con su promesa de mejorar la vida ni de los
pobres, ni de los indígenas de Bolivia. Evo Morales triunfó en dos
elecciones presidenciales promocionándose como un candidato defensor de
los indígenas. Sin embargo, la mayoría de ellos están insatisfechos.
Desde que Morales tomó posesión de la presidencia hubo un aumento del
22% de la superficie dedicada al cultivo de coca en el país. A
diferencia de Colombia, que en los años 80s cultivaba y refinaba el 90%
de la cocaína consumida en el mundo y ahora combate a los carteles y
reduce su producción; Bolivia y Perú han aumentado su participación en
ese mercado y hoy proveen la mitad de las drogas derivadas de las hojas
de coca. Fabricas de cocaína que hasta el momento no existían en
Bolivia, comenzaron a aparecer por centenares, y hoy operan en el país
carteles colombianos, mexicanos y el PCC brasilero. Al ver el
crecimiento del crimen organizado y las puertas de la política cerradas
para sus representantes, los indígenas y los sindicalistas han pasado a
criticar abiertamente a Morales. El mes pasado, la policía se declaró en
huelga exigiendo mejores salarios. Hace dos semanas, una nueva marcha
indígena llegó a La Paz para impedir la construcción de una carretera en
el parque ecológico indígena Isiboro Sécure (TIPNIS). El proyecto que
según los bolivianos, une a “dos poblaciones sin habitantes”, tiene como
objetivo abrir nuevas fronteras para la plantación de coca, dado que la
productividad de la región vecina del Chapare, principal reducto de
Morales donde el 90% de las hojas se destinan a la producción de drogas
ilegales, está en franco declive. Quintana no se cansa de atacar a los
indígenas que se oponen a la construcción de la carretera, al mismo
tiempo que sale a defender a los cocaleros. Quintana fue militar,
araponga entrenado por los norteamericanos y asesor del ministro de
defensa del presidente Hugo Banzer (1997 – 2001). Además, es autor de
las declaraciones más antiamericanas del gobierno de Morales. A él se le
atribuye la sugerencia, acatada por Morales, de expulsar del país a los
agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), órgano americano
que financiaba la gasolina y parte del salario de los policías
bolivianos dedicados a la lucha contra el narcotráfico. No es de
extrañar que dicha medida haya salido de la cabeza del hombre que
comparte con el vicepresidente Álvaro García Linera la responsabilidad
de administrar las relaciones del gobierno boliviano con el presidente
venezolano Hugo Chávez.
Los informes que revelan los lazos comprometedores del gobierno
boliviano con narcotraficantes fueron realizados por agentes que
simpatizan con la administración Morales, sorprendidos ante la
incapacidad del presidente de percibir la podredumbre de su entorno.
“Los esfuerzos que hace nuestro amigo y hermano Evo para erradicar la
corrupción caen en saco roto y eso puede ser utilizado por la oposición
para manchar su honra” explica un policía encubierto, apodado Confucio.
Uno de los referidos documentos revela que Raúl García, padre del
vicepresidente Linera y adicto a la cocaína, habría influido en el
nombramiento del Director de Aduanas del aeropuerto Viru Viru en Santa
Cruz de la Sierra, por donde sale buena parte de las drogas con destino a
Brasil. “Algunos narcotraficantes colombianos que aseguran haberle dado
un apartamento en Santa Cruz al padre del vicepresidente a cambio de
protección para que despeguen determinados aviones, dicen tener pruebas
de esto” relata uno de los informes confidenciales. Cabe destacar que
Raúl García murió de un infarto el año pasado.
“La creciente actuación de los narcotraficantes brasileros en Bolivia
resulta facilitada por un sinnúmero de factores, entre los cuales se
encuentra la posibilidad de negociar con miembros del gobierno” afirma
Douglas Farah, especialista norteamericano en el estudio del flujo
ilegal de armas y drogas, que ha analizado todos los documentos
confidenciales entregados por el político del MAS. Hasta el momento no
hay datos que ayuden a esclarecer si el entorno de Evo Morales se ha
corrompido aisladamente o si él tendría participación directa en los
negocios de su gobierno con el narcotráfico. Hasta el momento el
presidente no ha reconocido que nada esté funcionando de manera
inapropiada o ilegal. Desde que la oposición hizo entrega de dichos
documentos comprometedores hasta el momento, ninguna investigación ha
sido abierta por las autoridades. En lugar de eso, se intentó castigar a
los mensajeros. El senador Roger Pinto, por ejemplo, que en marzo del
2011 tuvo la osadía de llevar al Palacio Quemado una copia del informe
acerca de la reunión entre Quintana y Max, entre otros papeles con
denuncias, fue acusado de corrupción por Morales y acabo recibiendo
asilo político en la embajada de Brasil en La Paz. Hasta el viernes
pasado, aún no había recibido el salvoconducto del gobierno boliviano
para poder embarcarse en un avión con destino a Brasil.
Fuente: Veja.com (Brasil)
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